Prestaciones

Nos hacemos eco de una noticia publicada en la página de Confederación Aspace.

Una encuesta realizada por Confederación ASPACE y Nutricia entre 600 familias de personas con parálisis cerebral muestra que casi tres cuartas partes de la población encuestada (72,95%) reconocen haber notado reducciones en las prestaciones que perciben por parte de las administraciones públicas, tanto en las cuantías económicas como en los servicios recibidos.

Según muestra el estudio, el 91,85% de las familias encuestadas ha recibido algún tipo de ayuda para adaptaciones técnicas (silla de ruedas, cama articulada, grúa…) y menos de la mitad, 46,34%, la recibieron para adaptar la vivienda o el vehículo a las necesidades especiales de la persona con parálisis cerebral.

Las prestaciones que con más frecuencia tienen asignadas las familias son las de carácter no contributivo, otorgadas directamente a la persona por causa de discapacidad o a los familiares por el cuidado de un hijo con discapacidad (prestación por hijo a cargo). Son precisamente estas prestaciones, las más frecuentes, las que tienen una cuantía menor.

En este sentido, Confederación ASPACE inició el pasado 16 de febrero la campaña de recogida de firmas para apoyar la Iniciativa Legislativa Popular creada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad para reformar la Ley de la Dependencia para fijar cuotas máximas de copago de servicios y su exención en caso de rentas bajas, entre otras medidas.

Copago Sanitario

En cuanto al tema sanitario, más de un 20% de los encuestados reconoce que debe sufragar el 40% o más de los costes de los medicamentos, mientras que el 9,1% debe abonar el 50% del coste. En este sentido cabe destacar que el 22,4% de los encuestados están exentos del copago, mientras que el 32,8% desconoce el porcentaje que debe abonar.

Este porcentaje supone un montante estimado de más de 50 euros al mes en gasto de medicamentos, que se traduce en más de 650 euros al año en el presupuesto de los hogares de las familias.

Impacto en las familias

Cuatro de cada cinco familias de entre las encuestadas reconoce precisar de ayuda de una tercera persona de manera habitual. El nivel de necesidad de apoyo se refleja en el reconocimiento de discapacidad superior al 65% así como del nivel de dependencia reconocida a más del 90% de la población encuestada. La mayoría de los encuestados ha obtenido el reconocimiento del Grado III de discapacidad, el máximo disponible.

Las madres son quienes ejercen la función de persona de apoyo de la persona con parálisis cerebral, 53% de los casos, la principal consecuencia de ello es que más de un tercio de las encuestadas (36,11%) reconoce haberse visto obligada a dejar de trabajar y otro tercio (32,41%9 a reducir su jornada laboral.

Una de cada cinco personas encuestadas reconoce no acudir con regularidad a ningún centro o servicio

Cabe destacar que una de cada cinco personas encuestadas reconoce no recibir con regularidad ningún servicio de atención especializada. De entre quienes sí cuentan con estos servicios, las familias acuden con mayor frecuencia a centros de día (90,91%), centros de educación especial (87,73%) y centros ocupacionales (72,73%), mientras que los centros con menor asistencia son los de educación inclusiva (centro ordinario), 36,96%, y los centros especiales de empleo, 15,15%, precisamente por la falta de políticas inclusivas impulsadas desde las administraciones públicas o por la escasa dotación económica para hacerlas efectivas, tanto en educación como en empleo.

En cuanto a las principales necesidades de apoyo que demandan las familias según esta encuesta, son necesidades de servicios jurídicos, respiro familiar y ayuda a domicilio. 

En prácticamente todos los casos, la mitad de la población o menos reconoce disponer de los apoyos que precisa, sobre todo en lo referente a servicios jurídicos, de respiro familiar y ayuda a domicilio.